Seguridad hídrica
y certeza jurídica del agua
México ocupa la casilla 24 mundial en mayor estrés hídrico, de una lista de 164 países elaborada por el World Resources Institute, lo que obliga a pensar en el futuro desde ahora. Se sabe que los impactos del cambio climático afectarán las condiciones hidrológicas del país y, por ende, los balances oferta-demanda de agua recrudecerán las posibles afectaciones asociadas a la ocurrencia de sequías e inundaciones.
Si se consideran los escenarios para la climatología del 2030, se estima que la disponibilidad natural de agua disminuirá por el aumento de la temperatura y evapotranspiración, además de una ligera disminución en la precipitación anual, lo que lleva a una reducción anual de aproximadamente un 10% de la disponibilidad natural de agua con respecto del año 2000.
De no atender la situación crítica de estrés e inseguridad hídrica, los problemas de escasez, sobreexplotación y contaminación, junto con condiciones de inequidad y problemas de gobernanza darán origen, cada vez con mayor frecuencia, a conflictos sociales y económicos.
Los escenarios con cambio climático para 2030 muestran que tanto Baja California y el Noreste pasarán a una situación muy crítica. La región de Sinaloa y las Cuencas Centrales del Norte alcanzarán un grado de fuerte presión sobre el recurso. Incluso zonas del sur de México y la Península de Yucatán podrían comenzar a experimentar una presión media sobre el recurso.
Uno de los principales retos que enfrenta el país es la disparidad geográfica entre la disponibilidad de agua y la distribución de la población y sus actividades económicas. Mientras en el norte, centro y noroeste del país, que ocupan el 78% del territorio, habita el 77% de la población, genera el 83% del PIB y sólo se tiene el 33% del agua renovable, en el sureste (22% del territorio), habita el 23% de la población, genera el 17% del PIB y cuenta con el 67% del agua renovable.
Sin embargo, no hay manera de hablar sobre seguridad hídrica sin un componente esencial, que es la certeza jurídica en la gestión del agua y en las concesiones. Esta certeza jurídica significa que los distintos usuarios, sin importar si son agrícolas, industriales o nosotros en nuestras casas, sabemos con qué requisitos debemos cumplir para acceder al agua, y con cuánta agua cuento para poder planear mis reservas a fin de no quedarme sin agua.
De esta manera, el manejo y la conservación de los recursos hídricos son un factor determinante para el desarrollo sostenible del país. De su uso y aprovechamiento dependen temas prioritarios de la agenda pública como la salud, los derechos humanos, la equidad, la conservación del ambiente, la seguridad alimentaria, la producción de energía limpia, la producción de bienes y servicios, así como el desarrollo económico y social.
Urge tomar medidas orientadas a mejorar la gestión cooperativa de los recursos hídricos, adoptar políticas integradas sobre el agua y el clima, e incrementar las inversiones en el sector hídrico para garantizar el derecho humano al agua, promover un desarrollo económico sostenible, adaptarnos al cambio climático y reducir los riesgos de desastre.