El agua es una necesidad humana, que se usa para consumo, así como para que podamos contar con un desarrollo saludable. Tanto el acceso como la sanitización son derechos humanos y contribuyen a la dignidad, equidad y justicia social.
Conforme a datos de la UNESCO se estima que lograr el acceso universal al agua potable y al saneamiento en 140 países de bajo y mediano ingreso puede llegar a costar hasta 114 billones de USD al año. (UNESCO, 2021)
Diversos especialistas han coincidido que para lograr la cobertura total en México en esa materia, se requiere una inversión sostenida de 80,000 millones de pesos anuales durante un lapso aproximado de 10 años (AMINCA 20221).
[1] Asociación Mexicana de Ingeniería y Ciencias del Agua.
De acuerdo con Gustavo Ortiz Rendón, en su análisis “Antecedentes de Precio y Bancos de Agua en México”, actualmente los usuarios que pagan el agua en México están divididos en tres grandes grupos:
Usuarios del abastecimiento público urbano, es decir, nosotros en nuestras casas, que pagamos tarifas establecidas en el sistema con base en costos y derechos fiscales establecidos en las disposiciones estatales y/o municipales, así como los derechos por uso o aprovechamiento de agua plasmados en la Ley Federal de Derechos. El servicio de agua que recibimos tiene un subsidio y, como usuarios, contribuimos con el 23% del total de la recaudación.
Los usuarios agrícolas (distritos y unidades de riego) que utilizan el agua para el riego de sus cosechas, y pagan cuotas a los distritos y unidades que por sí mismos las establecen. Aunque sí están obligados a pagar los derechos de agua cuando exceden los volúmenes permitidos en su concesión, en general, el pago para la operación de sus sistemas de riego es insuficiente.
Los usuarios industriales autoabastecidos que pagan sus propios costos de abastecimiento, los derechos fiscales establecidos en la Ley Federal de Derechos; contribuyen con el 70% de la recaudación, es decir, con 9,000 mdp, de un total de 12,000 mdp anuales (Castelán Crespo, Julio, 2022).
El uso proveniente de la generación hidroeléctrica, balnearios, acuacultura y otros usos representa el restante 7% de recaudación.
Del 100% de los recursos recaudados por CONAGUA, 60% representa los derechos por uso o aprovechamiento; 21% el cobro por suministro de agua en bloque; 8% el cobro por descargas de agua residuales. Cuando hablamos del pago por descargas de agua, en realidad son pocos los usuarios que realizan este pago, por lo que la recaudación es mínima de lo que el Estado debería estar cobrando de forma efectiva. (Gustavo Ortiz Rendón)
Sin embargo, es clave otorgar un valor “real” al agua, a fin de poder tomar las decisiones adecuadas en términos de infraestructura y gestión. Dicho valor debe de considerar el costo de oportunidad del agua, un análisis costo-beneficio que contemple: costos asociados con la infraestructura, la descarga, el saneamiento, la potabilización, la protección de los ecosistemas hidro ambientales y la preservación del agua; así como beneficios asociados a la equidad social, desarrollo económico, la eficiencia en el uso del agua, el desarrollo ambiental e inclusive la preservación de la calidad del agua.
Es importante reconocer que la productividad económica del sector industrial y agroindustrial del agua genera beneficios colaterales como la creación de empleo, el valor del producto por unidad de agua o el valor agregado del producto.
Inclusive, el agua para la producción de alimentos no sólo genera un beneficio desde el punto de vista económico, sino también genera beneficios para la seguridad alimentaria, la nutrición, brindar resiliencia a los medios de vida y en especial a los pequeños productores que se desarrollan en economías rurales catalogados en niveles de pobreza; además de apoyar la mitigación y adaptación al cambio climático y proporcionar servicios de agua. (UNESCO, 2021)
Para el 2030, la inversión para la infraestructura de agua se evalúa en un total de 0.9-1.5 trillones de USD por año, aproximadamente el 20% del total de la inversión de todas las infraestructuras a nivel global. (UNESCO, 2021)
Si consideramos esta cifra, razonablemente podemos decir que las inversiones, en materia del agua, que no tomen en cuenta al menos los costos-beneficios serían altamente riesgosas, y sería difícil medir sus resultados en términos sociales y ambientales.
Se tiene una oportunidad clave para conversar sobre nuevas metodologías de fiscalización de usos y usuarios, disminuir el clandestinaje y mejorar los sistemas de cobro y sanción. Es decir, evaluar y fortalecer el Sistema Financiero de Agua, así como instrumentos económicos que contemple mercados de agua regulados y eficientes y otros incentivos, que permitan y promuevan el reúso y uso eficiente del agua. (Ortiz, 2022)
Pero debemos tomar en cuenta que la seguridad hídrica no podrá asegurarse, en tanto la regulación se vea amenazada. Por lo que se debe de concatenar con la seguridad jurídica y un sistema robusto y confiable de información transparente, de y para todos los usuarios.