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Jueves, 11 Octubre 2018 02:22

Científicos advierten de una catástrofe climática

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El agua es un recurso amenazado. Y la comunidad científica se moviliza cada vez más para participar en proyectos de investigación e iniciativas que permitan comprender los problemas que se presentan en el debate y la implementación de nuevas políticas en el tema del agua, como la privatización.

“Algunas manifestaciones de privatización del agua ya existen. Por ejemplo, el manejo y servicio del agua que llega a San Luis Potosí desde la presa de El Realito están otorgados por contrato a la empresa que opera ese acueducto. Claro, cuando el agua llega a la ciudad, el gobierno la toma y distribuye. Pero desde que se capta el agua en la presa y se trata en la planta potabilizadora, y hasta que llega a la ciudad, todo ese proceso lo opera una empresa privada a la que le tenemos que pagar todos los años, independientemente de que estemos usando esa agua. Si no la queremos, de todas maneras se la tenemos que pagar. Es un negocio seguro”.

Así comenta en entrevista el doctor Francisco Peña de Paz, de El Colegio de San Luis (Colsan). Para el investigador, quien trabaja sobre la gestión integrada de recursos y seguridad hídrica, analizar la manera en que el modelo actual de gestión de agua favorece o perjudica la resolución de los problemas actuales que tenemos es una prioridad nacional, ya que usualmente creemos que los problemas en torno al recurso suelen ser solo de índole ambiental o geográfica, cuando la realidad es mucho más compleja.

“Lo que nosotros hemos visto como problema de fondo es que se ha ido acumulando una gran conflictividad social en torno a la cuestión de en qué se debería usar el agua y quién debiera tener prioridad y disponibilidad sobre ella (…) Empieza a haber problemas cuando el agua se destina a actividades prioritarias para los gobiernos como aquellas que son rentables o de negocio, y por tanto se vulnera el uso para cuestiones vitales como la producción de alimentos o para consumo doméstico”, afirma el científico, quien es nivel II del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Para el especialista, la información “oficial” niega que los problemas que se han generado en torno a cómo se gestiona el agua se presenten en todo el país. El desastre natural en Tabasco de 2007 es un ejemplo que inició discusiones sobre qué tanto tuvo que ver el crecimiento urbano de la ciudad y la gestión de las represas hidroeléctricas en las cuencas de los ríos Grijalva y Usumacinta con el trágico fenómeno, es un buen ejemplo. Además de los problemas públicos de abasto de agua en ciudades como Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, o en el estado de Oaxaca, en donde las demandas de provisión en las urbes implican la pérdida de disponibilidad del suministro en las comunidades campesinas e indígenas que se asientan alrededor de la cuenca del río Verde-Atoyac.

Así, para el investigador y su equipo interinstitucional de trabajo, el asunto de quién tiene derechos sobre el agua y bajo qué prioridades se administra es un asunto conflictivo. Y sin embargo, los documentos oficiales de gestión integrada de recursos hídricos y de seguridad hídrica sostienen que es obligación pública o gubernamental asegurar que habrá disponibilidad de agua suficiente y de buena calidad para satisfacer las demandas fundamentales de la población, cosa que también vuelve la gestión del agua como un asunto de seguridad nacional.

“Imagínate que de repente, los niveles de contaminación del agua que hay en una ciudad como los que hay en San Luis Potosí, escaparan al control y monitoreo, y que por tanto tuviésemos una emergencia fitosanitaria o epidemiológica por presencia de metales pesados o de algún componente biológico de riesgo como cuando en México hubo un brote de cólera (2013). No son asuntos hipotéticos, y en esa lógica se supone que el gobierno tiene que asegurar que no existan desbalances graves”.

¿Pero qué pasa cuando esto no sucede así? Los problemas surgen y se duda de la capacidad pública de la gestión del agua. Para el investigador, entonces habría que ver el problema del auge de la privatización del agua desde dos ejes o formas distintas de privatización.

Uno que va sobre la apropiación de grandes volúmenes de agua para venta directa, como en empresas privadas que venden agua potable y se encargan del abastecimiento doméstico, como en Saltillo, Coahuila, o en Cancún y Aguascalientes. Y otro tipo de privatización que pone los requerimientos de agua por encima de cualquier interés público, para brindarla a empresas que hacen negocio con ella, como es el caso del uso indiscriminado y dudosamente regulado de grandes cantidades de agua para fines industriales como en San Luis Potosí.

Privatización del agua como problema histórico

Para la maestra Hortensia Camacho Altamirano, doctoranda en ciencias sociales por El Colegio de Michoacán (Colmich) y profesora investigadora de El Colegio de San Luis, entender el fenómeno actual de privatización en su gran complejidad implica analizarlo con rigor también como un problema que parte de un proceso histórico que se ha venido consolidando en el país desde finales del siglo XIX.

El caso de San Luis Potosí ofrece una perspectiva, en donde el análisis histórico del inicio de los proyectos de abastecimiento de agua en la capital permite comprender el origen de los mecanismos de gestión y administración del agua, y su concepción como mercancía. Tales proyectos, comenta la investigadora, fueron parte de la iniciativa de un grupo de población de origen cántabro, que culminó con la construcción de la icónica presa de San José terminada en 1903.

“La construcción de la presa de San José fue una inversión privada que contó con apoyos estatales en su momento, donde los particulares se interesaron por la captación del agua para el riego de tierras de labor de los accionistas, además de poder venderla a quienes la requirieran. Pero el gobernador porfirista Blas Escontría obligó a los empresarios Felipe Muriadas Fox y Matías Hernández Soberón a modificar la concesión que se les había otorgado para dar prioridad al abasto doméstico, logrando la construcción de las redes subterráneas de suministro al centro de la ciudad de San Luis Potosí”.

Toda la infraestructura hidráulica tiene un costo de inversión, y la regulación del agua para volverla potable, también. En tal sentido, la investigadora comenta que la sociedad debe reflexionar sobre la realidad de que el agua que consumimos no cae pura del cielo. Sino que se debe considerar la realidad hidrogeoquímica de los acuíferos y de las aguas superficiales, las cuales —según estudios publicados por el Colsan— presentan altos grados de contaminación mineral y bacteriológica por usos industriales y domésticos.

“Estamos hablando de que el agua, para volverla potable, tiene un costo que a inicios del siglo pasado se trasladó a los usuarios y que generó ganancia a los particulares por la infraestructura necesaria. La Revolución y los gobernantes preconstitucionalistas detectaron a este grupo de interés económico español que tenía el control del abasto de agua potable, para expropiarles la empresa privada de aguas de la ciudad en 1916. El Ayuntamiento de San Luis Potosí la administró pero su actuar continuó la misma lógica empresarial”.

Para la investigadora, desde entonces se estableció una lógica de distribución del agua “elitista” porque el agua potable solo se le daba a quienes habitaban el centro urbano de la ciudad y a los que tenían la capacidad de pagarla. No toda la gente tenía la capacidad para pagar por el recurso y otros no querían hacerlo ya que se abastecían de pozos y fuentes públicas de agua superficial, a pesar de que desde 1894 existía la prohibición mediante decreto para suprimir los pozos superficiales porque su agua estaba contaminada con microorganismos.

De esta forma, el tema de la privatización del agua “es un proceso histórico amplio y complejo, que inició hace ya más de cien años y que desde entonces el agua se apreció como una mercancía (…) Parece ser que es algo nuevo, pero no es así. Las empresas privadas de agua existen desde 1850 y hay todo un proceso histórico de cómo se instalaron en el país”.

¿Esto vuelve utópicos y anacrónicos los argumentos de amplios sectores de la población que dicen no a la privatización? ¿Vivir sin privatización es algo irreal? Para la investigadora, es necesario entender el concepto y que puede haber un proceso de privatización pero bien regulado por el gobierno. Pero ningún caso implica que el agua no tenga costo alguno, proviene de acuíferos que requieren inversión para su extracción y potabilización.
“Por supuesto, deberíamos exigir como sociedad civil usuaria una mejor calidad del agua por lo que pagamos. El asunto es que el que la gestión esté en manos del gobierno garantiza hasta cierto punto que el agua sea accesible a la población en general y no se ofrezca solo al mejor postor.

Pero si se privatiza el agua bajo una regulación estatal, se debe tener la garantía de una mejor oferta. De lo contrario dejamos cabos sueltos, porque luego entramos a otra discusión sobre las capacidades del Estado para ofrecer un agua de la mejor calidad, así como el desabasto de colonias aún bajo administración pública, o sobre el porcentaje de la población que de verdad paga por el recurso”.
Privatización del agua y pueblos indígenas

El doctor Francisco Peña explica que si bien es cierto que hoy existen organismos municipales que otorgan privadamente concesiones de agua, la ley vigente prevé que son los municipios los que deciden eso, de tal manera que varios municipios, como en el caso de Francia, por ejemplo, han revertido esos procesos para volver público el abastecimiento. “En el caso de México, ahora se quiere quitar a la ley vigente esos resquicios que todavía nos permiten luchar contra esas formas privatizantes para crear una ley a la medida de los negocios”.

Un ejemplo de esto son los proyectos de trasvases que redirigen agua de cuencas a urbes con sobrepoblación y desabasto. Bajo la nueva ley general de aguas, se busca que los trasvases sean de interés público para que las empresas puedan defenderse de los mecanismos de amparo que las comunidades campesinas e indígenas afectadas por el desvío de agua podrían esgrimir en su contra.

Otro problema es el asunto de las concesiones de agua y su vigilancia bajo el Registro Público de Derechos de Agua. La nueva ley, comenta el investigador, pone mucho énfasis en la manera en que se dan tales concesiones, buscando mantener en la mayor discreción quién otorga las concesiones y cómo se registran, posibilitando una peligrosa vaguedad y poca auditoría social.

Para el doctor Francisco López Bárcenas, especialista en desarrollo rural y pueblos indígenas con relación al agua, la coyuntura social en torno al agua tiene su raíz en el funcionamiento del sistema económico mundial dominante y la depredación de recursos presentes también en territorios indígenas, a causa de una incapacidad sistemática de seguir impulsando la economía global por medio de lo que usualmente se produce. Para el investigador, una respuesta a eso ha sido la conversión en mercancía de aquello que antes no lo era, como los recursos naturales.

“A principios del siglo XIX se hizo en Francia el primer decreto civil de derechos privados que existió en el mundo. Lo que se discutía en ese entonces era que había ciertos bienes que no deberían entrar al mercado porque eso pondría en riesgo la existencia de la vida misma. El agua por eso estuvo fuera del mercado, pero hoy es una de las principales mercancías que existe. Las comunidades indígenas la ven, en principio, como indispensable para la vida, dándole un valor que va más allá del mercado. Pero también la ven como su centro de origen”, comenta Francisco López Bárcenas.

Pueblos indígenas a lo largo del país como los rarámuris, yaquis, zoques, mayas, nahuas, pames, otomíes, huicholes, entre otros, poseen mitologías de origen en que expresan la manera en que conciben el mundo y el universo, así como la composición de sus relaciones sociales comunitarias. Para el investigador, cuando el medio natural es afectado junto con la disponibilidad de recursos como el agua, se afectan también sus creencias y forma de organización, provocando que se desarticulen como sociedad.

“En 1980 se crea en Oaxaca la presa Cerro de Oro, en el noreste de la región de la Chinantla, y eso provocó la total desarticulación de los pueblos indígenas que vivían ahí. Hay estudios antropológicos que dan cuenta de cómo el desplazamiento provocado generó una especie de etnocidio. Esto es grave porque datos oficiales indican que 24 por ciento del agua de nuestro país se produce en territorios indígenas, y no es cualquier cosa”.

Desde 2001, la constitución mexicana establece que los pueblos indígenas tienen un derecho preferente al agua antes que cualquier persona, grupo de personas, autoridad o gobierno. Lo que significa que antes que el presidente de la república proponga cualquier concesión, el recurso se tiene que ofrecer a comunidades indígenas por ley. Tienen prioridad constitucional apoyada por legislación internacional.

Esto garantizaría que las comunidades tendrían derecho a usar el agua, administrarla e incluso que se les otorgara un beneficio por el uso que de ella hicieran terceras personas. Pero en México existen muchas represas sobre territorios indígenas donde el agua administrada no la usan tales pueblos sino que se canalizan a las grandes plantaciones agrícolas de exportación, como en Sinaloa y Guadalajara, o que se usa para suplir urbes con problemas de abasto, como el caso del acueducto Independencia que quita el agua al territorio de los pueblos yaquis para llevarla a las industrias automotrices y cerveceras en Hermosillo.

Para el investigador, estos problemas nos dicen que tenemos un panorama complejo que no sigue las legislaciones vigentes agravando los conflictos sociales entre el Estado y la supervivencia de los pueblos indígenas, según sus investigaciones.

El agua es una responsabilidad de todos

“El problema con la nueva ley de agua está en las concesiones, porque a diferencia de la tierra que se reparte en propiedades distintas, el agua no se reparte. Sigue siendo propiedad de la nación. No hay posibilidad jurídica de declararla privada, así que la manera de usarla es por medio de concesión”, comenta Francisco López Bárcenas.

El también investigador del programa Agua y Sociedad del Colsan afirma que la lógica detrás de una concesión como esta es que se otorga a particulares solo cuando el Estado no tiene la capacidad de aprovecharla para beneficio social. El problema es que las políticas neoliberales internacionales promueven una lógica en la que todo se cede a particulares, donde pareciera que el Estado ya ni se preocupa por evaluar sus propias capacidades de gestión.

“Creo que el problema más grande es que con las nuevas propuestas se está buscando regular que el agua sea realmente una mercancía total. Es decir, que no solamente la use aquel que tenga la concesión sino que, a su vez, este particular pueda darla a otros en arrendamiento, compraventa, fraccionamiento, herencia, combinación, etcétera, o sea, se busca crear un mercado total. Y la proposición de que dichas concesiones sean a perpetuidad en la nueva propuesta de ley es algo peligroso”.

La gravedad de la situación —afirma— está en que, aunque el artículo 4o de la constitución establece que el Estado debe garantizar el derecho humano de los mexicanos al agua, así como su uso para la producción de los alimentos de la nación, la realidad es bastante más contradictoria y amenazante, exigiendo un estudio con rigor científico de la complejidad de factores sociales y culturales detrás de este problema que no se resolverá solo con marchas o denuncias en redes sociales.

“Para proteger el agua no hay que voltear a ver solamente a los organismos donde se habla de agua. Parece una contradicción, pero el agua no viene de los tubos y es algo que siempre tenemos que repetir los investigadores. El agua no se forma en los tubos. El agua de buena calidad viene de ecosistemas sanos y conservados. Podemos ir a todas las reuniones de Interapas, claro, pero si permitimos que sigan contaminándose los ríos con desechos industriales y domésticos, el agua seguirá en riesgo también”, afirma Francisco Peña.

Pero también se vuelve necesario el involucramiento del conocimiento científico sobre los procesos culturales e históricos detrás de un fenómeno que pensamos reciente, pero que posee una trayectoria histórica que interactúa con la realidad de una sociedad como la nuestra que se está viendo forzada a entrar en la plataforma pública para luchar por el recurso. A fin de cuentas, el futuro del agua y el nuestro quedará decidido por el grado de participación que tengamos como sociedad en un debate público que es muy complejo.

Fuente: http://conacytprensa.mx   
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