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Desastres ambientales, minería y despojo de tierras: las deudas del sexenio de EPN

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Para Benjamin Cokelet, fundador de PODER, el sexenio de EPN está marcado por las privatizaciones, concesiones mineras y la impunidad (segunda parte del serial #DerechosHumanosMéxico #VocesDeLaTransición)

El mayor desastre ambiental en la historia de la industria minera en México refleja de cuerpo entero el sexenio de Enrique Peña Nieto. Un sexenio caracterizado por las privatizaciones, las concesiones mineras y la impunidad en el caso de violaciones de derechos humanos.

"Lo que hemos visto son grandes crímenes de derechos humanos, impunidad total en sus casos y realmente una nula atención, un abandono total por parte del gobierno de estos casos y de la atención a las personas afectadas", dice Benjamin Cokelet, fundador y codirector ejecutivo del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).

El 6 de agosto de 2014, la empresa Buenavista del Cobre, S.A. de C.V. —subsidiaria de Grupo México — ocasionó el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacánuchi y Sonora, afectando la vida de 22 mil personas de siete municipios: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures.

Hasta agosto de 2016, al menos 381 personas del río presentaban desechos tóxicos en sangre y orina y enfermedades de la piel, renales, cardiovasculares y oculares. Aunque el Fideicomiso Río Sonora prometió 36 plantas potabilizadoras para eliminar los metales pesados en el agua, solo se instalaron cinco. Un informe de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) y de PODER documentó en mayo pasado las irregularidades y la falta de respuesta de la empresa y el Estado a cuatro años de esta emergencia medioambiental.

"Cuando dejamos al abandono a los sujetos afectados por crímenes de derechos humanos cometidos por empresas o intereses particulares, estamos cediendo cada vez más, la nación y el Estado, a estos intereses de facto", explica Cokelet en entrevista con el Huffington Post.

Para el fundador de PODER, el sexenio de Enrique Peña Nieto "está plagado y marcado por graves violaciones de derechos humanos", principalmente en megaproyectos de desarrollo en el que se excluye a las comunidades.

La organización CartoCrítica documentó en diciembre de 2017 que de las 182 Áreas Naturales Protegidas, el 18% cuenta con concesiones mineras, es decir, 74 terrenos forestales donde se localizan 2.8 millones de hectáreas concesionadas a la explotación minera, aunque algunas se encuentran en etapa explorativa.

"Ciertas partes del país están controladas por intereses económicos privados, vemos la Sierra Norte de Puebla, vemos el Río Sonora, vemos el Istmo de Tehuantepec y muchos más. Entendemos ahí que no solamente es una colusión accidentada, es una colusión que tiene por fin limpiar terrenos, despojar personas, dejar lugar a la creación de megaproyectos de desarrollo", dice Benjamin Cokelet desde las oficinas de PODER en Ciudad de México.

Con la experiencia del derrame en los ríos Bacánuchi y Sonora, los Comités de Cuenca Río Sonora y FDPT-Atenco presentaron un Amicus Curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exponer elementos jurídicos sobre el derecho a la participación pública en asuntos ambientales, específicamente en el caso de la ampliación de una presa de jales de la minera Buenavista del Cobre. Las comunidades afectadas por el desastre de 2014 acusan filtraciones de ácido por parte de la presa, además de un posible desplazamiento del territorio. Aunque la SCJN no ha fallado en el caso, las organizaciones esperan sentar un precedente para que las comunidades puedan participar en las decisiones de proyectos medioambientales.

Entre julio de 2016 y diciembre de 2017, 29 defensores ambientales fueron asesinados en México y se registraron un total de 88 ataques en contra de los activistas, de acuerdo con el Informe anual sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).

Los proyectos o actividades más frecuentemente relacionados con los ataques documentados por CEMDA fueron 17 casos por despojo de tierras y territorio; 17 por minería (17 casos); 14 casos por proyectos de infraestructura; ocho casos por hidroeléctricos, entre otros.

Benjamin Cokelet cree que el peor error del gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido seguir la misma línea que en el sexenio de Felipe Calderón. "No meterse realmente con los poderes económicos de fondo o de facto que de alguna manera dominan regiones distintas del país, hay un abandono de partes territoriales, a la vez que hay conflictos precisamente porque el gobierno no pone un orden basado en los derechos humanos en los usos de la tierra y territorio por parte de los intereses privados de las empresas".

¿Y las empresas?
"Para nosotros es importante que México implemente un plan obligatorio para que las empresas sean sujetas a los principios rectores de empresas y derechos humanos que fueron avalados por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en 2011", dice Cokelet.

Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU establece que los Estados deben "negar el acceso al apoyo y servicios públicos a toda empresa que esté implicada en graves violaciones de los derechos humanos y se niegue a cooperar para resolver la situación", algo que no sucedió con Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., causante del mayor desastre ambiental de la industria minera.

Benjamin Cokelet explica que es fundamental que las empresas velen por los intereses y los derechos humanos que podrían vulnerar sus actividades y en caso de que los afecten remediar con el Estado esas violaciones a derechos humanos, tal como no ha sucedido en el caso del Río Sonora.

Sobre el próximo gobierno y la mayoría que obtuvo Morena en el Congreso, Cokelet espera que corrijan la deuda que el Estado mexicano tiene con las poblaciones indígenas y rurales. "Para que ellos tengan el derecho para decidir sobre el tipo de desarrollo que quieren para sus terrenos, que no sea impuesto, que sea a partir de las propias comunidades. El derecho a no avalar los proyectos en su territorio es fundamental".

Fuente: https://www.huffingtonpost.com.mx
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